Ciudad de México, 14 de agosto del 2019.- El juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, comunicó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, serán investigados por desvíos millonarios de la Sedesol.
El juez vinculó a proceso a Rosario Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público supuestamente cometido durante su administración en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La cual impuso a la exfuncionaria prisión preventiva de ocio justificada debido a que consideró que representa un riesgo de fuga y que no acreditó tener arraigo en la Ciudad de México porque armó que falseó los datos relacionados con su domicilio. Robles Berlanga fue trasladada a las 7:08 horas de ayer al penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde permanecerá al menos durante los dos meses que el juez concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar su investigación complementaria.
La FGR afirmó que Robles Berlanga sabía de diversas irregularidades cometidas en la contratación de entes públicos por Sedesol y Sedatu, pero no hizo nada para evitarlas ni las informó al expresidente Peña Nieto. Dichas anomalías provocaron un daño al erario federal por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y que con su omisión, Robles Berlanga permitió que personas a su cargo, principalmente el exoficial mayor en ambas dependencias, Emilio Zebadúa, desviaran los recursos.
La FGR no imputó a Robles Berlanga por ser autora del desvío; sino que no hizo nada para evitarlo y prevenirlo.
La audiencia de vinculación a proceso, inició el pasado lunes a las 18:00 horas y concluyó el martes por la mañana, la defensa armó que la exfuncionaria sí notificó a Peña Nieto de estas conductas observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El abogado Óscar Rogelio Ramírez Santiago armó que los 24 dictámenes emitidos por la ASF y utilizados por la FGR para sustentar su acusación fueron realizados cuando los contratos cuestionados ya habían sido consumados, por lo que Robles Berlanga no podía frenarlos ni prevenirlos.
