+ No importa el costo político a pagar, la administración no quedará cruzada de brazos, ni será omisa con pequeños productores o potentados, Marcos Contreras Bringas.
+ Van 13 actas circunstancias levantadas y todas encaminadas a daños ambientales y contra la salud pública; todas pueden judicializarse
+ La administración anterior simuló el trabajo: levantó 50 actas por incendio de esquilmos, pero ninguna se remitió a segunda instancia.
Los Mochis, Ahome, Sinaloa.- El Director de Inspección y Normatividad, Marco Vinicio Contreras Bringas afirmó hoy que el gobierno no se quedará cruzado en la indiscriminada quema de socas que ocurre en el municipio, y sentará un precedente en las semanas próximas: multas de hasta dos millones de pesos a productores agrícolas y la judicialización de los casos más graves.
Acompañado de su equipo de funcionarios
principales, Antonio Mendívil Barragan, subdirector y de Ramón Mariscal Beltrán, jefe de inspectores, aseguró que la instrucción del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno es tolerancia cero a la quema de esquilmos agrícolas, sin importar de quién se trata, un pequeño productor o potentado, un sujeto individual o una asociación, un político prominente o un ciudadano común, para todos va la misma medida sin autoritarismos y sin oídos sordos o manos cruzadas.
“No vamos a quedar bien con nadie, no importa el costo político que debamos pagar como administración, tampoco es una cosa mediática ni simulación de acción. Llegó la hora de poner un manotazo en la mesa y obligar el respeto de la ley, de la norma jurídica. Dos meses antes de la quema de soca, buscamos concientizar a los productores y prevenir los incendios de esquilmos, nos escucharon, prometieron no hacerlo, pero reincidieron, entonces cambiamos la estrategia, y seremos reactivos con toda la facultad que la ley nos otorga, iremos tras el infractor. Sí debe pagar multas, recargos, daños y perjuicios, los pagará, o su caso se agrava y puede llegar a penalizarse”, dijo.
En ese sentido, 13 actas circunstanciadas se han levando en dos semanas, la mayoría en la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, y de ella, en el poblado Chihuahuita.
Una vez concluidas, se turnarán a la Dirección de Medio Ambiente en la que se iniciará el procedimiento por daños a la ecología y ambiental. Allí, el sospechoso deberá de exponer sus alegatos y pruebas para evitar la sanción que puede llegar hasta dos millones de pesos, pero también a ser turnado ante el Ministerio Público del Fuero Común como indiciado en un delito contra la salud pública, expuso Contreras Bringas.
Comentó que la administración de Chapman Moreno no será como las anteriores, que fueron complacientes con la quema de soca.
Dijo que recibieron 50 actas circunstanciadas de quema de soca, pero ninguna avanzó.
Fueron congeladas, se pararon, se ocultaron, fueron omisos. “Fueron complacientes, y ahora el productor cree que va a pasar lo mismo con nosotros, pero eso no va a suceder. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias del acto incendiario, sin importar el peso político que se deba pagar. El bien de la mayoría está sobre el dinero de unos cuantos”, indicó.
Mendívil Barragan y Mariscal Beltrán coincidieron en que son esos pocos los que han intentado retardar los procedimientos de investigación fingiendo ignorancia en la quema de socas o absteniéndose de revelar los nombres de los propietarios del terreno, rentador y otros datos, pero se les olvida que hay mecanismos para obligarlos a informar a la autoridad, sin pena de sanciones por responsabilidad oficial.
“Están creyendo que es un tema menor, que en cuanto pase la cosecha va a terminar la investigación, pero eso no va a suceder”.
Mariscal Beltrán dijo que en las investigaciones, los productores establecen que se quema la soca en el valle del Carrizo porque el rentador o propietario del predio le aprobaron un segundo cultivo de ajonjolí o soya y este pretende tener los terrenos listos para las primeras lluvias.
Una quema de soca libera el terreno en 20 minutos, y con un rastreo es suficiente, de no incendiarla, se requieren cuatro rastreos, incrementando el costo de la preparación del terreno, afirmó.
Los tres funcionarios aseguraron que no simularan el trabajo, como en administraciones anteriores.
