Los huachicoleros son delincuentes que se dedican a robar gasolina perforando los oleoductos que la conducen.
Las acciones de estos delincuentes como de algunos empleados de PEMEX evidenciado por Genaro García Luna y Carlos Romero Deschamps,
ha sido una gran desventaja para el crecimiento del País en todos los sentidos y punto fundamental para la corrupción en México.
En el mes de noviembre del 2018, el Senado de México aprobó una ampliación de la extinción de dominio que afectará a los bienes procedentes de la corrupción y el robo de hidrocarburos, así como al robo de petrolíferos y petroquímicos.
El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, presentó el plan conjunto del gobierno para combatir el huachicoleo o robo de hidrocarburo en el que participan 15 dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Trabajo, Hacienda y Profeco.
Dicho plan prevé que 4,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguarden 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el control de ducto.
“La Sedena y Marina vigilarán las instalaciones de Pemex porque es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior, todo es constitucional”, expresó López Obrador.
Además el plan incluye: acción de intervención del personal, monitoreo y observación de procedimientos de abastecimiento como reparto.
“Señor secretario, lo prevengo de que una medida arbitraria contra compañeros del sindicato, sin bases ni pruebas, nos hará protestar paralizando al país; tome usted sus decisiones, y asuma las consecuencias…”.
Palabras más, palabras menos, este es el diálogo que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), refería haber sostenido con Carlos Romero Deschamps, el poderoso dirigente del sindicato petrolero, cuando discutieron evidencias de que personal participaba en el robo de combustible, desde instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).”
El hombre que gozaba de la mayor confianza presidencial en temas de seguridad, fue García Luna, decía contar con pruebas que implicaban a trabajadores y a funcionarios de la empresa petrolera, pero decidió mirar hacia otro lado, y recomendó a varios gobernadores estatales hacer lo mismo, ante un delito que entonces representaba al Estado pérdidas estimadas superiores a los 10 mil millones de pesos anuales. Dicha cifra se multiplicó durante la administración de Peña Nieto, cuando el problema fue atribuido a comunidades marginadas que succionaban ductos, dejando de lado los señalamientos de corrupción en Pemex como factor relevante, especialmente ante indicios de que el crimen organizado controla este negocio.
