La organización advierte presiones externas contra una inversión estratégica y pide garantizar certeza regulatoria y vigilancia ambiental.
La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina de Sinaloa (COUC) respaldó la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo al considerarla un proyecto estratégico para fortalecer la oferta nacional de insumos agrícolas, reducir la dependencia de importaciones y contribuir a estabilizar los costos de producción en el campo mexicano.
En un posicionamiento público, su secretario general, Agustín Espinoza Laguna, señaló que el proyecto tiene implicaciones directas en la competitividad agrícola, al permitir el acceso a fertilizantes producidos en el país en un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales. Destacó que la inversión representa una oportunidad relevante para mejorar la eficiencia productiva, asegurar el suministro oportuno y fortalecer la cadena de valor agroindustrial.
El dirigente subrayó que la iniciativa no solo impactaría al sector primario, sino que tendría efectos multiplicadores en la economía regional mediante la generación de empleo, el fortalecimiento de proveedores locales y la atracción de nuevas inversiones vinculadas al desarrollo industrial.
Desde la perspectiva de los productores, añadió, contar con una fuente cercana de fertilizantes reduce riesgos logísticos, mejora la planeación de los ciclos agrícolas y genera mayor certidumbre en los costos, factores clave en un entorno global marcado por el encarecimiento de insumos y presiones inflacionarias.
Espinoza Laguna reconoció la existencia de preocupaciones sociales y ambientales en torno al proyecto, las cuales consideró válidas y que deben atenderse mediante un esquema de cumplimiento regulatorio estricto, monitoreo ambiental permanente y apego a estándares de seguridad industrial.
“El desarrollo debe ser sustentable o no será”, afirmó.
No obstante, sostuvo que la oposición al proyecto ha escalado hacia una estrategia de presión que involucra actores nacionales e internacionales, incluidos intentos por incidir en organismos financieros para frenar el flujo de inversión.
A su juicio, estas acciones podrían tener implicaciones negativas sobre la capacidad del país para avanzar en la autosuficiencia de fertilizantes, en un momento en que el mercado global enfrenta restricciones de oferta y altos precios.
“El desarrollo productivo de Sinaloa y su papel en la provisión de alimentos no puede depender de decisiones externas”, señaló, al enfatizar que cualquier resolución debe basarse en la legalidad, la evidencia técnica y el diálogo institucional.
El líder campesino advirtió que limitar inversiones estratégicas en insumos agrícolas podría traducirse en mayores costos para los productores y pérdida de competitividad frente a otros mercados, afectando tanto la producción nacional como la estabilidad de precios en alimentos.
Finalmente, consideró que el debate debe centrarse en garantizar condiciones de operación que aseguren beneficios económicos, sostenibilidad ambiental y certidumbre para los participantes del sector, en lugar de frenar proyectos que inciden directamente en la seguridad alimentaria y el desarrollo industrial del país.
