
Señalamientos apuntan a dos personas identificadas como Óscar Valenzuela e Irasema Covarrubias, quienes presuntamente habrían visitado domicilios de beneficiarios y solicitado copias de credenciales para votar; los hechos requieren una investigación que permita esclarecer lo ocurrido.
Los Mochis, Sinaloa, 21 de octubre 2026.- Presunto uso de información del padrón de beneficiarios del programa de despensas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de Sinaloa ha generado cuestionamientos sobre el manejo de los datos personales de las familias que reciben este tipo de apoyos en el municipio de Ahome.
De acuerdo con información, Óscar Valenzuela e Irasema Covarrubias, señalados como personas cercanas a la diputada federal ahomense, Ana Ayala, presuntamente estarían utilizando información relacionada con el censo de beneficiarios del programa de despensas para realizar visitas a domicilios antes de la entrega de los apoyos.
Según la versión difundida, durante esas visitas se les habría informado a las familias que, horas después, recibirían una despensa que presuntamente sería enviada por la legisladora.
Asimismo, mencionaron que se habría solicitado a los beneficiarios una copia de su credencial para votar, situación que abre interrogantes sobre la finalidad de dicha petición y el origen de los datos utilizados para identificar a las personas.
¿De dónde provendría la información de los beneficiarios?
Uno de los principales aspectos que requieren aclaración es cómo habrían obtenido las personas señaladas los datos de las familias incluidas en el padrón de beneficiarios del DIF.
Si se confirma que se utilizó información institucional para realizar gestiones ajenas a los objetivos del programa, sería necesario establecer quién tuvo acceso a esos datos, bajo qué condiciones y si existió alguna autorización para emplearlos con esa finalidad.
También debe esclarecerse si las visitas y la entrega de despensas formaban parte de un procedimiento oficial o de una actividad independiente, así como si la solicitud de copias de identificaciones respondió a algún requisito legítimo.
El manejo de información personal de personas beneficiarias de programas sociales debe ajustarse a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos, transparencia y responsabilidades de los servidores públicos.
La diputada federal, Ana Ayala, aparece mencionada en la información, debido a la presunta relación de cercanía que tendrían con ella las dos personas señaladas y a la versión de que las despensas serían entregadas a nombre de la legisladora; sin embargo, hasta ahora no se han presentado elementos suficientes para confirmar que la diputada haya ordenado, autorizado o participado directamente en las conductas descritas.
El caso también plantea la necesidad de transparentar los mecanismos mediante los cuales se distribuyen los apoyos alimentarios, a fin de que las familias puedan distinguir entre las entregas institucionales y las gestiones realizadas por otras personas.
Ante la naturaleza de las acusaciones, una revisión por parte de las instancias correspondientes permitiría establecer si existió acceso o utilización indebida del padrón, si se solicitaron documentos personales sin una justificación válida y si alguna persona incurrió en una falta administrativa o en otra conducta sancionable.
De comprobarse alguna irregularidad, las autoridades tendrían que determinar las responsabilidades individuales y aplicar, en su caso, las medidas que correspondan conforme a la ley.
También sería importante conocer la postura oficial del DIF Sinaloa, de las personas mencionadas y de la legisladora federal, así como verificar si existe algún procedimiento de entrega de despensas relacionado con las visitas descritas.







